La gestión y protección del capital humano desempeñan un papel esencial en el éxito de las organizaciones y en la continuidad de sus operaciones.
En este contexto, la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se ha consolidado como un componente estratégico clave para la creación de valor sostenible.
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Así lo afirma el Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), entidad técnica con más de 70 años de trayectoria en la promoción de la gestión del riesgo laboral y de la SST, con presencia en Colombia y alcance en Latinoamérica y el Caribe.
La organización sostiene que solo mediante el cuidado integral de las personas y la promoción de su bienestar es posible aumentar la productividad, la competitividad y, en última instancia, la sostenibilidad empresarial.
Y es que, al analizarlo en profundidad, todas las organizaciones —sin importar su tamaño, naturaleza o sector— están conformadas por personas.
Más allá del nivel de automatización o sofisticación tecnológica, son los seres humanos quienes toman decisiones, programan y supervisan sistemas, consolidan la cultura organizacional y lideran el cumplimiento de los objetivos.
La esencia de cualquier empresa reside en el valor de quienes la integran: desde la alta dirección hasta el personal operativo, cada individuo aporta conocimiento, experiencia y visión.
Por ello, promover la salud, la seguridad y el establecimiento de entornos laborales saludables va más allá del cumplimiento normativo o ético: se convierte en un eje central de la sostenibilidad corporativa, asegurando el bienestar integral de las personas que hacen posible el funcionamiento organizacional.
“Un entorno de trabajo seguro y saludable reduce el ausentismo, eleva la productividad, mejora la moral y satisfacción de los empleados y disminuye los costos asociados a accidentes y enfermedades laborales.
Todo ello se traduce en una mayor atracción y retención de talento, mejor desempeño empresarial y generación de valor social, reflejado en una mejor calidad de vida para los trabajadores y sus familias.
Además, fortalece la reputación corporativa”, señala Adriana Solano Luque, presidenta ejecutiva del CCS y miembro de la junta global de ARISE, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres.
Cuando la SST se integra de forma transversal y estratégica a la gestión empresarial, se logra una gestión efectiva del riesgo, no solo en beneficio del trabajador, sino también de toda la organización, especialmente cuando se aplica desde un enfoque de debida diligencia a lo largo de la cadena de valor.
En contraste, una gestión deficiente en materia de SST puede provocar la pérdida de mercados, desconfianza de los grupos de interés, sanciones por incumplimiento legal, reducción de legitimidad y, en casos extremos, la interrupción de las operaciones.
Las cifras respaldan esta afirmación. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 4 % del PIB mundial se pierde anualmente a causa de accidentes y enfermedades laborales.
Se estima que cada año mueren 2,3 millones de personas por causas relacionadas con el trabajo; otras 160 millones padecen enfermedades ocupacionales y 313 millones sufren accidentes no mortales que, muchas veces, dejan secuelas permanentes.
En el caso de Colombia, el CCS calcula que solo en 2021 los accidentes laborales representaron un costo cercano a los 2 billones de pesos (unos 460 millones de dólares), cifra que asciende a 5 billones de pesos (más de 1100 millones de dólares) si se incluyen las muertes laborales.
SST y trabajo decente: pilares de los criterios ASG
A estos retos se suma una nueva exigencia: el compromiso empresarial con el trabajo decente, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Esto implica garantizar condiciones laborales dignas tanto para los trabajadores directos como para aquellos vinculados a sus cadenas de suministro, eliminando prácticas que vulneren los derechos humanos y laborales.
En este marco, la Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con el trabajo decente, se posicionan como componentes fundamentales dentro de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), cada vez más exigidos por inversionistas, consumidores y autoridades regulatorias.