La Comisión Técnica Liquidadora presentó este jueves su primer informe público sobre el proceso de supresión, liquidación y adscripción de diversas instituciones estatales, destacando avances financieros, redistribución de bienes y una serie de hallazgos que serán remitidos a los organismos competentes para su respectiva investigación.
Durante una conferencia realizada en Casa Presidencial, los integrantes de la comisión explicaron que el trabajo desarrollado responde al mandato establecido en el decreto PCM 04-2026 y tiene como objetivo fortalecer la transparencia, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una administración más eficiente de los bienes del Estado.
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Entre los principales resultados expuestos figura el pago de más de 126 millones de lempiras en prestaciones laborales, así como un ahorro significativo derivado de la cancelación de contratos de arrendamiento, lo que representa una reducción importante del gasto público anual.
Además, se informó sobre la transferencia de más de cinco mil bienes estatales valorados en más de 38 millones de lempiras hacia otras instituciones para asegurar su aprovechamiento y utilidad.
La comisión también dio a conocer diversos hallazgos relacionados con el manejo administrativo de algunas dependencias, incluyendo documentación que será enviada al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones correspondientes.
Entre los aspectos señalados figuran posibles irregularidades administrativas, registros de contrataciones que requieren auditorías especializadas y la desaparición de dispositivos que contenían información institucional.
Los comisionados enfatizaron que todas estas acciones buscan proteger el patrimonio estatal y fortalecer la rendición de cuentas. Asimismo, reiteraron que los recursos recuperados y optimizados podrán destinarse a áreas prioritarias para el país, como salud, educación y programas de desarrollo social.
Con este primer informe, la Comisión Técnica Liquidadora reafirma su compromiso de promover una gestión pública más eficiente, transparente y orientada al bienestar de la población hondureña.