Olancho estrena modernos edificios judiciales que transforman el servicio a la ciudadanía

El acceso a la justicia avanza con pasos firmes en Honduras, y una muestra de ello es la inauguración de dos nuevos y modernos edificios judiciales en los municipios de Catacamas y Santa María del Real, departamento de Olancho.

La Presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, encabezó este importante acto que marca un hito en la modernización institucional y en la atención digna a la población.

Estas nuevas infraestructuras están diseñadas para ofrecer un servicio ágil, seguro y humano, respondiendo a las necesidades de una ciudadanía que demanda procesos más eficientes y profesionales.

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Los espacios distribuidos en cada edificio permiten centralizar servicios, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer la seguridad jurídica en la región.

En Catacamas, el nuevo edificio anexo y la remodelación del existente abarcan 1,245 m², construidos con estándares modernos de ingeniería y confort. El primer nivel alberga áreas clave como Defensa Pública, Juzgados de Paz, Administración, Celdas, Tecnologías de Información, Salas de Audiencias y más.

El segundo nivel está destinado al Juzgado de Letras, con oficinas privadas, áreas técnicas y espacios diseñados para el crecimiento futuro. Esta sede atenderá a más de 160 personas diariamente en cinco municipios vecinos.

El proyecto fue ejecutado bajo licitación pública con una inversión de L 49,997,282.25 y un plazo de 18 meses, cumpliendo estándares de calidad, transparencia y funcionalidad.

Por su parte, el nuevo edificio del Juzgado de Paz de Santa María del Real, con 489 m² de construcción y un costo de L 4,916,759.60, destaca por su diseño moderno, iluminación natural y espacios pensados para la atención eficiente.

Incluye sala de mediación, despacho judicial, sala de espera, archivo, cocineta, áreas verdes, caseta de vigilancia e infraestructura completa para su óptimo funcionamiento.

Estas obras representan un compromiso concreto por acercar la justicia a la población y fortalecer la institucionalidad del país, garantizando espacios dignos tanto para los usuarios como para el personal judicial.

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