Mientras somos meros espectadores de esta nueva partida de la diplomacia, miles de compatriotas se hunden en el temor e incertidumbre, porque lo que está en juego no solo es su permanencia legal, sino la estabilidad de sus familias en ambos lados de la frontera.
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 80,000 hondureños es, más que un asunto migratorio, un golpe directo a la columna de nuestra economía y una bofetada a la narrativa diplomática que se presume de cara al exterior.
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Mientras la cancillería enumera porcentajes de acceso a agua potable, saneamiento y electricidad —logros innegables, pero todavía frágiles y desiguales—, la realidad nos recuerda que detrás de cada estadística hay familias completas que, gracias a esos migrantes, sostienen comunidades enteras con sus remesas.
Los más de 6,000 millones de dólares anuales que ingresan producto de su trabajo sostienen no solo el sustento familiar, sino el frágil tejido económico de decenas de municipios que se sostienen en la economía informal.
No deja de ser irónico que se celebre la “mejora de condiciones” como argumento para justificar la pérdida de un beneficio que durante más de 25 años ha sido un salvavidas para miles de compatriotas que huyeron, primero de la devastación de Mitch y luego de huracanes institucionales, corrupción, violencia y pobreza estructural.
La salida del TPS llega, además, en un contexto diplomático enrarecido. Las tensiones entre Tegucigalpa y Washington no son nuevas, pero se profundizan desde la fricción por el tratado de extradición, las presiones en temas de seguridad y el discurso de soberanía con acentos ideológicos que, a menudo, carecen de pragmatismo.
En la balanza, la relación con Estados Unidos siempre ha sido incómoda y desigual: un aliado comercial indispensable, un policía migratorio implacable y un socio político que reclama lealtad mientras ejerce sanciones selectivas.
El mantener el equilibrio entre un discurso autónomo y digno, y condenar las acciones que golpean a nuestros hermanos en tierra estadounidense ha sido la clave de la política exterior en las últimas décadas.
Sin embargo, el gobierno actual con un discurso que coquetea con la izquierda regional, no termina de decidir si retar a Washington de frente o forjar alianzas que amortigüen el golpe que cada decisión de política migratoria implica para nuestra gente.