Honduras.- Koriun Inversiones se ha convertido en el epicentro de un escándalo financiero de proporciones históricas que ha dejado enfermos de angustia y frustración a más de 35,000 inversionistas hondureños.
Durante siete años, esta empresa de maletín operó sin regulación alguna de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ofreciendo ganancias irreales del 20 % mensual bajo lo que ahora se ha confirmado como un esquema Ponzi.
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Detrás de esta fachada de éxito financiero se esconde una compleja trama de estafa, inacción institucional, silencio político y presunto vínculo con el crimen organizado. El golpe es profundo y vergonzoso. ¿Cómo es posible que una estructura fraudulenta de esta magnitud haya operado a plena vista de las autoridades?
El pasado 23 de abril de 2025, el Ministerio Público realizó allanamientos en todas las oficinas de Koriun a nivel nacional, hallando más de 358 millones de lempiras en efectivo.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Cientos de miles de lempiras, incluso millones en algunos casos, fueron depositados por ciudadanos que, confiando en promesas de rentabilidad sin precedentes, apostaron sus ahorros de vida.
Y ahora, el Estado hondureño, en una medida tan polémica como populista, se plantea desembolsar entre 2,000 y 3,500 millones de lempiras para compensar a los afectados.
¿Es justo que el dinero de todos los hondureños —incluidos aquellos que jamás invirtieron un centavo en Koriun— se utilice para cubrir una estafa privada, nacida de la ambición y sostenida por la indiferencia de los entes reguladores?
La opinión pública exige respuestas. Es urgente identificar y judicializar no solo a los autores materiales, sino también a los beneficiarios principales y a los cómplices institucionales que, por acción u omisión, permitieron que Koriun operara durante años en Choloma, Cortés, y recientemente se expandiera a Juticalpa, Choluteca, Danlí, Santa Rosa de Copán, La Entrada y Santa Bárbara.
Este caso no puede archivarse como un episodio más de corrupción. Es una prueba de fuego para el sistema judicial, para los organismos supervisores y para el Gobierno.
Si no se actúa con contundencia, se abrirá la puerta para que nuevos Koriun surjan, con otros nombres, en otras colonias, en otros rincones del país.
Porque cuando el crimen se disfraza de oportunidad, y la impunidad se disfraza de ayuda estatal, es el país entero el que termina pagando la factura.